Los refugiados y los solicitantes de asilo perderán cobertura de Medicaid el primero de octubre

By Anna Hu | Originally published by Mississippi Today

A partir del primero de octubre, varios grupos de inmigrantes que residen legalmente en el país, entre ellos los refugiados y los solicitantes de asilo que no tienen un permiso de residencia  permanente, perderán cobertura de Medicaid (asistencia médica proporcionada por el gobierno) y del Programa de Seguro Médico Infantil, o CHIP, por sus siglas en inglés.  Estos cambios entrarán en vigor a raíz de la ley denominada One Big Beautiful Bill Act que promulgó el presidente Donald Trump el año pasado.  

Los expertos en la política de salud y las organizaciones que trabajan con los inmigrantes en Misisipi advierten que los cambios van a intensificar el temor que ya existe y que pueden forzar que los inmigrantes demoren buscar atención médica. A la larga, esto podría resultar en tratamientos médicos más costosos para enfermedades prevenibles y pueden crear más presión en un sistema de salud que ya está sobrecargado. 

“Estos grupos de inmigrantes quedarán con muy pocas opciones de cobertura médica a precios razonables,” dijo Drishti Pillai, la directora de La Politica de Salud para Inmigrantes de KFF, (antes conocida como la Fundación de la Familia Kaiser) una organización nacional e independiente dedicada a la política de salud.  La directora Pillai señala también las próximas restricciones a los planes subsidiados del Mercado de Seguros Médicos de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act Marketplace) y a Medicare.  A partir de enero, estas opciones quedarán limitadas únicamente a los tres grupos de inmigrantes que también seguirán reuniendo los requisitos para recibir Medicaid. 

¿Quiénes seguirán calificando y quiénes no?

Los titulares de una tarjeta de residencia permanente, también conocidos como residentes permanentes legales, seguirán reuniendo los requisitos para recibir Medicaid, el programa federal y estatal que proporciona seguro de salud gratuito o de bajo costo a personas de bajos ingresos. También conservarán el acceso a dichas prestaciones los inmigrantes procedentes de Cuba, de Haití y de las naciones insulares del Pacífico incluidas en el Pacto de Libre Asociación (Compact of Free Association, COFA, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional con los Estados Unidos. 

Sin embargo, varios grupos de inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad van a perder acceso a la cobertura de Medicaid.  Ya no tendrán acceso a Medicaid los refugiados y los solicitantes de asilo que huyeron de sus países de origen por temor a la persecución y que han recibido protección humanitaria de los Estados Unidos.  Tampoco lo tendrán los supervivientes de violencia doméstica que tengan solicitudes de residencia permanente aprobadas o en trámite bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA por sus siglas en inglés). Dicha ley creó una vía legal para obtener la residencia permanente para las mujeres que fueron víctimas de abuso por parte de quienes patrocinaban sus solicitudes de residencia.  

Los refugiados que llegan a los Estados Unidos están huyendo del terror y de la violencia en sus países de origen, afirmó Lorena Lewis-Quiroz, directora ejecutiva de la Alianza de Inmigrantes por la Justicia y la Equidad (Immigrant Alliance for Justice and Equity, IAJE por sus siglas en inglés), una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en Jackson.

“Estas personas ya vienen de estas situaciones atroces y ahora perderán el acceso a la asistencia médica básica.  No puedo creer que esto esté ocurriendo. ¿Me explico?”, afirmó ella.  “Esto está desmantelando poco a poco el sistema de atención médica para los inmigrantes.”

De igual manera, entre los inmigrantes que van a perder la capacidad de solicitar la asistenica médica incluyen los víctimas de la trata de personas, tal como la trata sexual y laboral, y los que tienen una visa T aprobaba o pendiente.  Este estatus provisional les permite a los inmigrantes solicitar la residencia permantente.  Otros grupos que van a perder Medicaid son:  

• Los inmigrantes a quienes se les concedió un permiso humanitario para permanecer en los Estados Unidos por un mínimo de un año;
• Los inmigrantes a quienes se les concedió la suspensión de deportación;
• Las personas nacidas en Canadá que son amerindios o miembros de tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal;  
• Las personas mayores a quienes se les concedió admisión condicional antes de que surtiera efecto la Ley de Refugiados de 1980 (Refugee Act of 1980), incluidas las personas que huyeron de países comunistas de la Unión Soviética y de la Europa Oriental, así como también algunos refugiados procedentes del sudeste asiático.

En Misisipi, también perderán acceso algunos niños y adultas embarazadas que residen legalmente en los Estados Unidos. Algunos estados han optado por continuar la cobertura de estos grupos bajo la Ley para la Mejora de la Salud Infantil para Inmigrantes de 2009 (Immigrant Children’s Health Improvement Act, ICHIA) la cual elimina el período de espera de cinco años que muchos inmigrantes deben cumplir entre la obtención de la residencia permanente y su inscripción en Medicaid. Desde enero, 38 estados han optado por proporcionar cobertura médica a los niños con presencia legal en el país y 32 estados han hecho lo mismo para las personas embarazadas.  Misisipi ha optado por no cubrir ninguno de los dos grupos. 

“Los cambios a Medicaid son brutales y pueden impedir que los niños que reúnen los requisitos reciban cobertura si sus padres ya no pueden presentar solicitudes en nombre de sus hijos ciudadanos dado el estatus migratorio de los padres,” escribió por correo electrónico Kathy Sykes, la directora ejecutiva de la Alianza de los Derechos de Inmigrantes de Misisipi (Mississippi Immigrants Rights Alliance, MIRA). Esta organización estatal proporciona servicios legales y sociales gratuitos a inmigrantes.  

“Hay tantos cambios provenientes del gobierno federal que pueden ser muy confusos y puede hacer que incluso las personas que califican para estos servicios decidan no solicitarlos,” dijo.    

Consecuencias más allá de la pérdida del seguro médico

A la directora Pillai le preocupan los efectos más amplios de perder el acceso a Medicaid y de los procesos de verificación—incluso para los inmigrantes que aún califican para recibir este programa.

Los estados deberán verificar el estatus migratorio de las personas cuya cobertura será cancelada. Esto se llevará a cabo a través de la base de datos Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación de Prestaciones (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE por sus siglas en inglés), del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS por sus siglas en inglés) y de la base de datos del seguro social. Si la agencia estatal encargada de Medicaid puede confirmar que una persona reúne los requisitos para recibir cobertura, esta conserverá su cobertura de Medicaid.  Si las autoridades no pueden verficar el estatus legal con la información que tienen, se les van a pedir información adicional a las personas afectadas y se les dará un plazo de 90 días para contestar.

Khaylah Scott, administradora de programas de Mississippi Health Advocacy Program (una organización de defensa de políticas de salud de Misisipi), dijo que las normas para calificar para Medicaid están vigentes desde hace 30 años, desde la Ley de Reforma del Bienestar Social de 1996. 

“Cuando se recibe poca comunicación por parte de la División de Medicaid y la primera noticia sobre estos cambios llega mediante una carta, eso puede resultar bastante repentino,” afirmó Scott. “Me imagino la confusión, el miedo que puede sentir alguien con tan solo recibir esta carta por correo y saber, en el fondo, que la razón principal es su estatus migratorio.”

El proceso de verificación puede ser confusa para los inmigrantes, en particular para los que no hablan inglés o los que hablan solo un poco de inglés.  Pillai dijo que las investigaciones previas han demostrado que las cancelaciones de cobertura también pueden afectar a las personas que se han mudado de domicilio o que, por alguna otra razón, no pudieron completar la documentación requerida.

“Todo esto puede provocar cancelaciones de cobertura, no debido al derecho de estar en el programa, sino por razones administrativas,” dijo ella.

La División de Medicaid de Misisipi no respondió a la solicitud de comentarios de  Mississippi Today sobre cómo se van a implementar estos cambios.  Un aviso público emitido el 14 de septiembre sobre una propuesta de modificación al plan estatal de Medicaid señal que “se predice [que la enmienda] no tendrá efecto en el presupuesto ya que el número de individuos afectados es bajo”; no obstante, no proporciona un número aproximado de cuántos inmigrantes se verán afectados.  

Los inmigrantes que ya no califican para recibir Medicaid o el Programa de Seguro Médico Infantil todavía pueden recibir cobertura mediante el Medicaid de Emergencia en ciertas circunstancias, como la aparición repentina de síntomas graves, que si no se tratan, pueden resultar en graves daños. Por ejemplo, una mujer embarazada que entra en trabajo de parto tiene cobertura en todos los estados. Ya que Misisipi no ha ampliado Medicaid, los criterios para recibir esta cobertura se limitan a un grupo más reducido de categorías.  Un adulto  indocumentado de bajos ingresos que no esté embarazado, que no sea padre o madre dentro de una categoría elegible y que no reúna los requisitos por una discapacidad no puede depender del Medicaid de Emergencia, aun si llegara a tener un acontecimiento que normalmente le permitiría recibir esta cobertura.  

A la larga, dijo Pillai, esta pérdida de cobertura médica podría provocar peores resultados de salud ya que muchas personas tienen que esperar hasta que las afecciones se vuelvan insoportables.

“Si las personas no tienen seguro de salud, entonces no reciben examenes de salud rutinarios y la falta de cuidado consistente puede provocar que estas personas dependan más de las salas de urgencias,” dijo ella.  “Esto puede causar más presión en los centros de salud de las comunidades ya que estos centros atienden a todos los pacientes sin importar el estado de inmigración y sin importar la abilidad de pagar.”

Lewis Quiroz anticipa un efecto similar:  “Va a ser otro caso de, ‘Pues, ¿sabes qué?  Voy a esperar hasta que me dé una embolia.’”

Este reportaje se produjo con el apoyo de los fondos de Sarah Yelena Haselhort para el Periodismo de Salud.

Corección (30 de septiembre de 2026):  Este artículo se ha actualizado para mencionar a la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Misisipi, MIRA, (Mississippi Immigrants Rights Alliance, MIRA, por sus siglás en inglés), la organización en donde Kathy Sykes es directora ejecutiva. 

Story translation provided by David Wood and Judith Caballero.

This article was originally published by Mississippi Today and is republished here under a Creative Commons license.

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